El Caribe y la paradoja del cambio
Hay una paradoja política que merece ser discutida sin prejuicios y sin la comodidad de los lugares comunes: ¿por qué un Caribe que electoralmente expresa, una y otra vez, deseos de cambio en el ámbito nacional termina reproduciendo, en buena parte de sus gobiernos locales, las mismas élites, prácticas y formas de hacer política que dice querer superar?
La pregunta es incómoda porque obliga a sacar el debate del supuesto comportamiento errático de los electores y lo ubica en el plano de los liderazgos progresistas regionales y sus responsabilidades frente a los dispares resultados electorales que se registran en los escenarios nacionales y locales. Durante las dos últimas elecciones presidenciales, el Caribe colombiano ha sido uno de los territorios donde las fuerzas progresistas han encontrado importantes respaldos electorales. En nombre de la transformación de las relaciones de poder, la lucha contra la desigualdad y la superación de las viejas formas de hacer política, el voto caribeño fue decisivo en la victoria de Gustavo Petro en las elecciones del 2022. El votante del Caribe acaba de ratificar su predilección por las apuestas de cambio en el triunfo que Iván Cepeda obtuvo en todos los departamentos de la región en la última contienda electoral.
Pero cuando se pasa del escenario nacional al departamental y municipal, aparece una fotografía preocupante. Allí sobreviven —y en algunos casos se fortalecen— estructuras políticas familiares, maquinarias electorales, redes clientelares y formas tradicionales de intermediación. Cambian los nombres, los partidos e incluso los discursos, pero con frecuencia permanece la arquitectura del poder.
¿Estamos, entonces, frente a un Caribe políticamente contradictorio? Creo que no. Tengo el convencimiento de que la contradicción, en vez de estar en el elector, está en las condiciones en las que ese elector ejerce su ciudadanía. El ciudadano caribeño puede votar por el cambio en una elección presidencial y, al mismo tiempo, votar por una estructura tradicional en las elecciones locales. No necesariamente porque haya abandonado sus convicciones, sino porque en el ámbito local las elecciones tienen otra lógica.
La política local es, como lo han subrayado varios estudios, una política de proximidad. Y cuando el Estado social no llega de manera suficiente, la maquinaria política termina ocupando el lugar que deberían ocupar instituciones orientadas a garantizar la materialización efectiva de los derechos ciudadanos. Allí se cruzan el empleo, los contratos, las necesidades inmediatas, las relaciones familiares, las redes comunitarias, los liderazgos barriales y las expectativas de acceso a recursos públicos.
Por eso sería demasiado fácil explicar la paradoja del Caribe colombiano acusando al elector de incoherente. La pregunta más profunda es otra: ¿Cómo convertir la voluntad nacional de cambio en una transformación territorial del poder? Esa es una de las conversaciones pendientes del Caribe y debería ser uno de los grandes debates políticos de la región. La disputa por el cambio regional (esa que libraremos en las próximas elecciones territoriales) radica, ahora, en conseguir que aquello que el ciudadano reclama con su voto nacional —más igualdad, más derechos, más democracia, más Estado social, menos privilegios— encuentre también una expresión concreta en la manera como se gobiernan Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Sincelejo, Magangué, Montería, Riohacha, Valledupar y otros municipios de la región.
La región Caribe posee el fermento cultural y político para salir de la paradoja descrita. Históricamente, el Caribe colombiano ha sido un espacio generador de proyectos vanguardistas y se ha caracterizado por la existencia de movimientos sociales, intelectuales, artistas, sindicalistas, académicos y dirigentes populares que han cuestionado profundamente las estructuras de poder. La región también tiene un enorme potencial político emancipatorio y lo ha demostrado en las apuestas por proyectos nacionales orientados a construir geografías de esperanzas y horizontes de dignidad, vida y paz.
Lo que todavía está pendiente para los liderazgos progresistas de la región es convertir esa potencia electoral en poder democrático capaz de transformar las instituciones y la cultura política locales. Eso supone afrontar dos retos decisivos para los próximos años: 1) qué clase de liderazgos someter a consideración del electorado; y 2) qué tipo de cultura política construir.
El primer reto remite a la creación de nuevas generaciones de dirigentes capaces de gobernar sin reproducir las viejas relaciones de subordinación. Y aquí, sin caer en posturas sectaristas, conviene hacer escrutinio de quiénes pueden con decencia abanderar las causas progresistas. A la vez, es necesario no perder de vista que una de las mayores capacidades históricas de las élites ha sido precisamente la adaptación. Pueden cambiar de partido, incorporar nuevos discursos, declararse independientes o, incluso, presentarse como progresistas.
Y frente al segundo reto, el relacionado con el horizonte político a diseñar para las sociedades del Caribe, los liderazgos progresistas deben apuntarle a la construcción de poder territorial democrático. Eso significa formar ciudadanía, fortalecer organizaciones sociales, democratizar la información, promover espacios de opinión independientes, fortalecer centros de pensamiento y proteger la memoria pública. Así las cosas, la paradoja caribeña, lejos de convertirse en un estigma regional, se revela como una oportunidad histórica para que las fuerzas progresistas generemos procesos territoriales de transformación del poder.