Acción climática, justicia social y economías populares
En el contexto actual de crisis climática, las respuestas globales se debaten entre dos caminos: uno que reproduce los modelos de mercado a través de soluciones tecnocráticas y financieras que marginan a los sectores populares, y otro que impulsa una transición socioecológica basada en la justicia social, el reconocimiento del trabajo comunitario y el cuidado de la vida. En este segundo camino la economía popular y comunitaria (EPC) adquiere un papel estratégico para reconfigurar las relaciones entre sociedad, naturaleza y Estado.
La EPC, entendida como el conjunto de actividades —mercantiles o no— que garantizan la reproducción social y biológica de los hogares y comunidades, ha sido históricamente invisibilizada en el diseño de las políticas públicas. Su exclusión se ha justificado bajo la etiqueta de “informalidad”, un concepto que las reduce a un margen carente de estructura y legalidad. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, las EPC constituyen una base económica vital, especialmente en países periféricos como Colombia, donde el trabajo asalariado ha perdido centralidad y el sostenimiento de la vida recae en redes comunitarias, formas de cuidado no remuneradas y economías territoriales que sostienen la cotidianidad.
Lejos de ser economías residuales, las EPC desarrollan saberes, liderazgos, prácticas territoriales, formas propias de protección social y alternativas financieras, algunas veces solidarias. En este sentido, son también una plataforma de agencia política para disputar la orientación de la transición energética y climática. Mientras la lógica dominante propone mercados de carbono, grandes obras extractivas “verdes” y energías limpias o compensación por emisiones controladas por corporaciones, una transición con justicia social demanda reconocer y financiar las formas de vida que ya sostienen ecosistemas y comunidades.
Las diferentes formas de Asociaciones Público-Populares y Comunitarias emergen como una propuesta institucional innovadora para habilitar este giro, pues en lugar de reproducir el modelo de asociación público-privada centrado en el lucro empresarial, permiten vincular a los sectores populares como actores legítimos en la provisión de bienes comunes para la transición: cuidado del ambiente, transición energética, gestión de residuos, turismo sostenible, protección animal, entre otros. En estas asociaciones, el Estado aporta recursos técnicos y financieros, mientras que las comunidades contribuyen con conocimiento del territorio, trabajo colectivo y vigilancia social.
Algunos ejemplos de estas Asociaciones con alto potencial para una transición socioecológica se refieren a los Trabajos con Contenido Restaurador y Reparador, que pueden articular pago por servicios ambientales con procesos de reconciliación territorial y paz, los cuales fueron creados como una medida restaurativa creada en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016 en Colombia, dirigidos exclusivamente a personas que participaron en el conflicto armado y se han comprometido con la reincorporación a la vida civil, especialmente comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo involucramiento en las economías populares puede resultar valioso para la restauración de los tejidos sociales y comunitarios.
Asimismo, al** fortalecimiento de comunidades energéticas, que **implica que los trabajadores de la economía popular no sean vistos únicamente como beneficiarios del acceso a energía, sino como protagonistas en el diseño, instalación, operación y mantenimiento de soluciones energéticas locales, aprovechando sus saberes técnicos, conocimientos territoriales y formas organizativas preexistentes (como asociaciones de barrio, cooperativas o mingas).
También, a la reconversión económica hacia el turismo ecológico y sostenible, donde las comunidades lideren modelos productivos que protejan los ecosistemas. Por ejemplo, en zonas rurales y periurbanas, organizaciones comunitarias han desarrollado rutas ecoturísticas gestionadas por juntas de acción comunal, asociaciones campesinas o redes de mujeres, donde se integran prácticas agroecológicas, hospedaje rural, caminatas guiadas por líderes ambientales locales y actividades pedagógicas sobre biodiversidad, las cuales no solo generan ingresos sino que fortalecen la soberanía territorial, el cuidado ambiental y el trabajo comunitario no mercantil, rompiendo con las lógicas extractivas del turismo convencional.
Y, finalmente, a la gestión participativa de residuos,** que parte del reconocimiento del trabajo histórico y cotidiano de recicladores y recicladoras de oficio, **quienes forman parte central de la economía popular urbana. Su labor no solo contribuye a la economía circular, sino que garantiza la reducción de emisiones asociadas al manejo de residuos y evita el colapso de rellenos sanitarios. Ejemplos como la organización de asociaciones de recicladores que lideran rutas de recolección selectiva, plantas de aprovechamiento y campañas educativas en barrios, muestran cómo el fortalecimiento de estas prácticas populares —a través de remuneración justa, acceso a equipamiento, reconocimiento legal y participación en las políticas públicas— convierte el reciclaje en un eje de justicia ambiental y social, y no en un simple servicio tercerizado.
Estos proyectos no solo tienen el potencial de transformar la matriz productiva y energética, sino que reconfiguran las relaciones de poder al reconocer a las comunidades como sujetos políticos y brindarles herramientas para el desarrollo territorial. En efecto, estas Asociaciones son una forma de democratización de la política pública y un mecanismo para restituir derechos económicos y sociales a poblaciones que históricamente han sido marginadas o criminalizadas; o bien, que han terminado empobrecidas gracias a las mismas políticas que las descalifican y les impiden trabajar.
Este enfoque también implica una disputa contra los poderes que oprimen a la economía popular: la exclusión del contrato social, la violencia institucional, el control territorial por economías ilegales como el gota a gota o el microtráfico. La acción climática con justicia social no puede eludir estas tensiones: requiere un Estado presente, redistributivo, capaz de dialogar con los territorios y de construir alianzas más allá del capital.
En suma, una transición socioecológica con justicia social debe partir del reconocimiento y fortalecimiento de las economías populares y comunitarias como base de sostenibilidad real. Más que verlas como obstáculos al desarrollo, es necesario comprender que en ellas reside un conocimiento profundo del cuidado, una racionalidad relacional con la naturaleza y una capacidad organizativa que puede conducirnos hacia futuros habitables y más amables.