Del feudalismo musical a la justicia cultural

Colombia, al día de hoy, padece una esquizofrenia creativa, exportamos ritmos que conquistan el globo mientras nuestro ecosistema interno se desangra en la informalidad. En este 2026, con la producción musical en su pico histórico, la Ley de la Música, recientemente sancionada, aterriza como un ajuste de cuentas necesario contra un sistema diseñado para el extractivismo cultural. La paradoja es obscena: el 80% de los parafiscales que alimentan la Ley del Espectáculo Público (provenientes de cada boleta superior a $95.000) nace de la música. Sin embargo, la reinversión directa en el sector ha sido, hasta hoy, de cero pesos.

La propuesta que hicieron en su momento Juan Carlos Losada Vargas y Daniel Carvalho Mejía es una intervención de emergencia, que consiste en destinar una buena parte de ese recaudo a un fondo especial. Esto no es filantropía; es devolverle al músico lo que es suyo para formarlo en derecho de autor, subsidiar grabaciones, financiar giras nacionales e internacionales y rescatar una infraestructura regional que hoy es un desierto. Bogotá sufre un déficit crítico de conciertos masivos, pero en las regiones, la situación es una tragedia silenciosa.

Hablar de ingresos en Colombia es entrar en la dimensión desconocida de SAYCO. Resulta criminal que, en la era de la precisión algorítmica, existan “obras no identificadas” cuyos derechos, estimados entre 2.000 y 5.000 millones de pesos anuales, terminen licuados en beneficios institucionales y repartos discrecionales entre sus socios más cercanos.

Los ponentes de la ley dejan al descubierto la puerta giratoria: funcionarios que saltan de SAYCO a la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) y viceversa, creando un blindaje burocrático que asfixia al artista independiente. Ante un lobby tan voraz que babea por el monopolio total del recaudo, la reforma por ahora no busca el choque frontal contra estas entidades, sino la creación de una estructura de fomento paralela que obligue a la transparencia y capacite al músico para que deje de ser una víctima de su propia ignorancia legal.

La estructura de la ley se sostiene sobre ejes que atacan el costo de ser artista en el tercer mundo: el Fondo Cuenta Especial: un motor financiero para la circulación y creación artística. Soberanía Tecnológica: reducción drástica de impuestos para hardware, software e instrumentos musicales. Inventario contra el crimen: una base de datos eficaz para prevenir el robo de instrumentos y mapear un ecosistema que hoy camina a ciegas. Logística digna: regulación de tarifas aéreas. Es inaceptable que un instrumento sea cobrado como un pasajero de primera clase mientras sufre daños en bodega. Facilitar costos más bajos para el acceso a las plataformas de distribución musical global. El proyecto también promueve una representación equitativa con enfoque paritario.

En más de cien municipios de Cundinamarca –y en el resto del país– la cultura ha sido rehén de las licoreras departamentales. Se sube a la tarima quien ayuda a vender más alcohol, pues estas empresas son las principales patrocinadoras. La ley busca romper este monopolio para que las músicas del territorio, tanto las tradicionales como las no masivas, recuperen su espacio. El Estado debe dejar de ser un espectador ensordecido por los cuatro géneros comerciales y empezar a financiar la pluralidad estética en los departamentos. 

La reforma exige un 40% de participación femenina en los espectáculos públicos como un acto de justicia ante décadas de invisibilización. Asimismo, busca cerrar la brecha frente a la inversión desproporcionada en la música del gusto del gobierno de turno, abriendo la fuente para las músicas populares y territoriales que hoy no tienen voz en los grandes medios.

La música en Colombia ha sido el analgésico de una guerra eterna, pero quienes administran el alivio viven en la precariedad. Mientras el programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes se queda corto y la asistencia a macro-festivales proyecta una caída para 2027, apoyar los pequeños circuitos es vital para que nuestros creadores musicales no se detengan.

Nuestros abuelos, abuelas y juglares han muerto en el olvido y la pobreza extrema mientras sus regalías financiaban parrandas burocráticas y whiskys ajenos. Esta ley no es la solución final, pero es el primer paso para cantar, tocar y componer bajo leyes un poco más justas, transitando del feudalismo musical a la justicia cultural.